Para los votantes registrados en Santa María, el 3 de noviembre marcará una decisión importante sobre el futuro de servicios locales esenciales y espacios comunitarios. Se trata de la Medida C, una propuesta para aumentar el impuesto local sobre las ventas en medio centavo, la cual busca proteger instalaciones recreativas y servicios que, según el administrador de la ciudad David Rowlands, están en riesgo debido a presiones presupuestarias continuas.
Rowlands explicó en la conferencia "State of the City" del 13 de octubre que estos son "elementos de calidad de vida" para la comunidad. La Medida C, de ser aprobada, se proyecta que generaría aproximadamente $13 millones por año. El concejo municipal votó de manera unánime (5-0) a finales de junio para incluir esta medida en la boleta electoral, después de haber enfrentado un debate considerable sobre cómo abordar un déficit presupuestario proyectado de $18 millones para los años fiscales 2026-28.
De hecho, a principios de junio, la ciudad recibió más de 100 cartas de residentes que se oponían a una propuesta para cerrar el Centro Acuático Paul Nelson durante seis meses al año como una forma de reducir los gastos. Rowlands destacó que los fondos de la Medida C son cruciales para trabajos de "rehabilitación mayor" y reparaciones en este centro acuático, así como mejoras en el Centro Comunitario Minami y otras instalaciones recreativas administradas por la ciudad.
Entre las necesidades urgentes mencionadas por Rowlands se encuentran techos nuevos, unidades de HVAC, iluminación exterior e interior, pisos nuevos, reemplazo de calentadores de piscinas, modernización de sistemas eléctricos y reasfaltado de estacionamientos.
Si los votantes de la ciudad aprueban la Medida C, esta significaría un costo adicional de 5 centavos por cada $10 en compras sujetas a impuestos, o 50 centavos por cada $100, dentro de los límites de la ciudad. Un punto clave que Rowlands resaltó es que los ingresos adicionales se mantendrían en Santa María. Una encuesta sobre la Medida C realizada en mayo indicó que más de 300 residentes consultados señalaron que este factor los inclinaría a votar a favor.
El administrador de la ciudad enfatizó la importancia del control local de los fondos. Rowlands afirmó que "los ingresos permanecerán en Santa María" y que los fondos no podrán ser tomados por el estado, agregando que los no residentes que realizan sus compras en Santa María también contribuirían a través de este impuesto.
Rowlands fue claro al afirmar que la Medida C "no es un sustituto de una gestión fiscal sólida" y que "no significa darle a la ciudad un cheque en blanco". Insistió en que la medida no reemplazará la planificación a largo plazo, la rendición de cuentas o un presupuesto cuidadoso. En cambio, si se aprueba, vendrá acompañada de transparencia, incluyendo un plan de gastos anual, informes públicos de los desembolsos, supervisión y auditorías independientes.
Es importante señalar que ciertos productos de consumo no se verían afectados por este aumento de impuestos, como los medicamentos recetados, productos de higiene femenina y alimentos básicos.
La alcaldesa Alice Patino y los cuatro miembros del concejo han manifestado su apoyo a la Medida C. A ellos se suman otras organizaciones que también la han respaldado, como el Partido Demócrata del Condado de Santa Bárbara, el Consejo Laboral de la Costa Central, la Asociación de Oficiales de Policía de Santa María y Vernon Construction Inc.
En la conferencia del 13 de octubre, la alcaldesa Patino compartió una reflexión sobre la visión de la ciudad. Mencionó que el éxito se mide por la "calidad de vida que creamos" para la comunidad, no solo por lo que se construye, expresando confianza en la capacidad de los residentes para enfrentar este momento.
