La comunidad estudiantil de Santa María, y en particular la de Allan Hancock College, se encuentra en alerta tras el arresto de un padre de estudiante por agentes federales de inmigración ocurrido en el estacionamiento del campus la semana pasada. Este incidente se suma a una serie de detenciones y presencias de agentes en colegios comunitarios de California, lo que ha encendido las alarmas entre presidentes de estas instituciones y activistas, quienes expresan su preocupación por la seguridad y el bienestar de los estudiantes y sus familias.

Según el relato de Mayrin, de 18 años, quien pidió no revelar su nombre completo por temor a represalias, ella viajaba con su padre hacia Allan Hancock College para asistir a su clase de estadística cuando notaron un vehículo negro que los seguía. Tras estacionarse en el campus, un hombre con máscara se acercó a su ventana pidiendo identificación. Mayrin, ciudadana estadounidense, mostró su documento, pero su padre, inmigrante de México con dos décadas en el país y sin identificación en ese momento, fue detenido y llevado en el auto de los agentes. Mayrin permaneció en el vehículo de su padre, angustiada, hasta que personal del colegio, incluyendo oficiales de la policía del campus y la decana de consejería, le brindaron apoyo.

El presidente de Allan Hancock College, Kevin Walthers, confirmó que la detención se produjo rápidamente y que él fue notificado después de que los agentes se habían ido. Walthers afirmó que no recibió ninguna orden judicial antes del incidente. El colegio emitió una notificación a estudiantes y profesores tras el arresto. Anteriormente, en abril, el jefe de policía del colegio se había reunido con otros jefes de policía locales, el FBI y oficiales de ICE, quienes habían asegurado que no acudirían al campus. Tras el reciente incidente, el presidente Walthers se comunicó con un oficial de inmigración federal en Los Ángeles, expresando optimismo de que una situación similar no se repita.

Este tipo de operaciones no son aisladas en la región. El asambleísta demócrata de Santa Bárbara, Gregg Hart, informó que el padre de Mayrin fue una de al menos 17 personas arrestadas esa misma semana por agentes de inmigración en el área de Santa María. Hart calificó estos operativos como “redadas masivas diseñadas para enviar un mensaje de miedo e intimidación”. La región de la Costa Central de California, que incluye a Santa María, ha experimentado un aumento en la actividad de aplicación de la ley de inmigración desde el cambio de administración.

Incidentes similares se han reportado en otros colegios comunitarios de California. En San Diego, el Distrito de Colegios Comunitarios de la ciudad informó el mes pasado que agentes de ICE arrestaron a un estudiante en una calle pública que atraviesa el campus urbano y persiguieron a otro estudiante por las escaleras de un edificio académico.

En diciembre, el Santa Barbara City College alertó que oficiales de inmigración federales utilizaron su estacionamiento como punto de reunión para sus operaciones, lo que provocó una fuerte reacción de activistas comunitarios. Previamente, en mayo del año pasado, un estudiante del Santa Monica College fue arrestado y deportado.

Los presidentes de los colegios comunitarios, como Kevin Walthers de Allan Hancock College, reconocen tener un poder limitado para impedir la presencia de agentes federales en sus instalaciones. Walthers explicó que “si los agentes de ICE quieren venir y caminar por el medio del campus, pueden hacerlo”. Las leyes estatales exigen que los colegios notifiquen a los estudiantes si hay agentes de inmigración en el campus y que los agentes presenten una orden judicial para ingresar a áreas “no públicas” como aulas u oficinas. Sin embargo, estacionamientos, plazas y muchos otros espacios al aire libre son considerados públicos.

La Oficina del Canciller de los Colegios Comunitarios de California ha sido explícita en su apoyo a la protección de los estudiantes sin estatus legal, ofreciendo orientación a las instituciones. Además, el Fiscal General de California, Rob Bonta, publicó el mes pasado una guía más detallada al respecto. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa la aplicación de la ley de inmigración, a través de su portavoz Chandler Rebel, ha declarado que “ICE no tiene como objetivo las escuelas” y negó haber realizado arrestos en el campus de Allan Hancock, a pesar de testimonios de testigos y fotografías. Rebel no respondió a preguntas sobre la persecución de un estudiante en San Diego.

Ante esta situación, varios colegios están implementando medidas preventivas. El Santa Barbara City College firmó un acuerdo con la organización local 805 UndocuFund para recibir alertas sobre la presencia de agentes y ofrecer recursos a la comunidad estudiantil. La institución invirtió alrededor de $1,200 en 12 letreros que indican que sus campus no deben ser utilizados como áreas de preparación u operación para la aplicación de la ley de inmigración. El Distrito de Colegios Comunitarios de San Diego también está instalando señales similares, con una inversión de $71,000 en 68 letreros y creó una nueva política que requiere aprobación previa para que cualquier entidad, incluida la policía, realice “negocios oficiales” en el campus. El canciller Gregory Smith espera que esto proporcione un “argumento legal” en caso de detenciones, aunque reconoce que la efectividad de estas políticas aún no ha sido probada.