La audiencia programada para decidir el futuro del caso penal contra el concejal de Lompoc, Steve Bridge, fue pospuesta para el 5 de noviembre, fecha en la que el tribunal también evaluará una solicitud de la fiscalía para trasladar el juicio a la ciudad de Santa Bárbara, según reportó el periódico Santa Maria Times. La sesión judicial del jueves contó con un calendario bastante congestionado, lo que provocó que el asunto fuera pospuesto inicialmente a la 1:30 p.m. Posterior a ello, se acordó reprogramar la petición defensiva para que sea analizada de manera conjunta con la moción de traslado presentada por los fiscales.

El abogado defensor Michael Scott presentó formalmente una moción el pasado 11 de septiembre amparada en el Código Penal Sección 995. En dicho recurso, la defensa argumenta que los elementos de prueba mostrados durante la audiencia preliminar resultan insuficientes para fundamentar la existencia de causa probable en relación con las acusaciones. El escrito judicial pide desestimar el pliego acusatorio formal, el cual abarca 20 delitos graves y cinco faltas menores. Bridge ha mantenido una posición firme de no culpabilidad ante la totalidad de los señalamientos en su contra.

Las acusaciones contra el funcionario surgen a partir de reembolsos municipales vinculados a dos proyectos de mejoras eléctricas y a la reparación de una fuga de agua. El expediente incluye alegatos sobre licencias de contratistas, seguros de indemnización para trabajadores, robo, uso indebido de fondos públicos y falsificación de documentación. El escrito defensivo afirma que las acusaciones han sido exageradas y que faltan elementos esenciales. Argumenta además que los trabajos de electricidad se completaron en su totalidad y que la solicitud formal de reembolso municipal de 2020 no exigía el empleo de un contratista con licencia. En ese documento se señala que Bridge cubrió los gastos de la obra creyendo que le correspondía la restitución de dicho dinero.

Respecto al reembolso de $900 para la reparación de la fuga de agua, la moción detalla que Bridge reconoció ante un investigador del fiscal de distrito haber elaborado un recibo para documentar los trabajos realizados. La defensa describe esta acción como una equivocación de juicio y reconoce que el concejal utilizó un número de licencia perteneciente a un negocio extinto y modificó facturas para incluir a la empresa Turner Construction, aunque asegura que nunca tuvo la intención de engañar a las autoridades locales. De igual forma, se dio a conocer que el concejal devolvió el cheque municipal por $900 a la oficina del fiscal sin haberlo depositado.

Por otra parte, la representación legal sostiene que no existen pruebas de que Bridge usara su cargo en el ayuntamiento para obtener aprobaciones o pagos. Asimismo, cuestiona los testimonios sobre atrasos en la manutención infantil de un contratista y un conflicto previo relacionado con la salida de incendios y el certificado de ocupación del negocio Wine Factory, propiedad de Bridge, calificando esa evidencia como irrelevante. En relación con el cargo vinculado al seguro de trabajadores, la defensa afirma que este ya ha prescrito bajo el estatuto de limitaciones.

En una respuesta presentada el 6 de octubre, la fiscalía solicitó al tribunal rechazar la moción de desestimación. Los fiscales argumentaron que las pruebas sostienen las acusaciones y que la defensa está repitiendo argumentos ya examinados por el magistrado en la audiencia preliminar, quien encontró una fuerte sospecha de irregularidades en los documentos sometidos por el concejal.

Por otra parte, en una petición interpuesta el 14 de octubre, los fiscales solicitaron trasladar el juicio desde la división de Lompoc hacia la división de Santa Bárbara del Tribunal Superior, proponiendo que los jurados se seleccionen en el sur del condado en lugar del norte. La fiscalía aclaró que no sostiene que sea imposible un juicio justo en el condado, pero fundamentó su solicitud en que el caso se ha entrelazado con la política local, citando la contienda por la alcaldía del 3 de noviembre entre el alcalde James Mosby y el concejal Jeremy Ball, así como comentarios públicos y la cobertura de los medios. Entre las referencias se incluyen declaraciones de Mosby calificando el problema como una falla de proceso, la exigencia de renuncia hecha por Ball y la votación del 15 de septiembre para censurar a Bridge, la cual terminó empatada 2-2.

La causa judicial inició formalmente con un pliego de ocho cargos graves en noviembre de 2025, se amplió a 15 cargos en marzo de 2026 y llegó a 25 cargos en mayo. El juez Juan Higuera presidirá la audiencia del 5 de noviembre en la división de Lompoc para dirimir ambas solicitudes pendientes.