Los votantes de nuestra comunidad se enfrentan a un serio dilema político al elegir a sus próximos representantes, pues surge la interrogante sobre si estos cumplirán con el juramento que hacen al asumir sus cargos. Este juramento, que representa una promesa solemne, incluye el compromiso de “apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos”. La preocupación por este tema ha sido destacada por Santa Maria Sun en una reciente publicación.
Últimamente, se han registrado numerosas protestas bien organizadas en todo el país, incluyendo nuestra región, manifestándose en contra de la aplicación de leyes creadas por el Congreso, tal como lo describe la Constitución. Un ejemplo notable ocurrió en Lompoc, donde una ruidosa y colorida multitud llevó a cabo una manifestación. Los letreros que exhibían eran similares a los observados en otras ciudades, lo que ha llevado a algunos a considerar que estos eventos son parte de un esfuerzo organizado y bien financiado, más allá de la acción de unos pocos ciudadanos preocupados.
Los manifestantes, aparentemente, no siempre reconocen que los gobiernos locales carecen de autoridad para usurpar el deber del gobierno federal de hacer cumplir las leyes establecidas por el Congreso. Desafortunadamente, algunos funcionarios electos y candidatos actuales se han visto envueltos en la ansiedad del momento, ignorando el juramento que hicieron o que harán al tomar posesión de su cargo.
Un caso que ilustra esta situación es el de Christina Hernandez, actual concejal de Guadalupe y candidata a la alcaldía. Según un informe de Noozhawk, citado por Santa Maria Sun, Hernandez se pronunció en contra de una reciente operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), durante la cual se reportó la detención de 114 personas en la Costa Central en una operación de una semana. Hernandez enfatizó la importancia de que los residentes conozcan y hagan valer sus derechos constitucionales para fortalecer la comunidad y asegurar la seguridad de las familias. Al respecto, el artículo de Santa Maria Sun señala que, si bien los ciudadanos estadounidenses tienen derechos constitucionales, estos no se extienden a los no ciudadanos. La Constitución de EE. UU. establece que el Congreso es quien crea las leyes relacionadas con la inmigración, y su aplicación recae en el gobierno federal.
Otro ejemplo mencionado es el del concejal de la ciudad de Lompoc, Jeremy Ball, quien también busca la alcaldía. Él ha participado en varias ocasiones en protestas organizadas en la intersección de Central y H en Lompoc durante su período como concejal. Otros candidatos en diferentes jurisdicciones también han expresado su apoyo a manifestantes, quienes, según el análisis, posiblemente no han leído o no comprenden cómo se crean las leyes de inmigración y quién tiene el deber de aplicarlas.
La creencia de que se pueden cambiar las leyes creadas por el Congreso y su forma de aplicación a través de demandas más ruidosas o la difusión de desinformación, sugiere la necesidad de una lección de civismo para comprender la naturaleza de estas quejas. El problema de fondo es que algunos de estos candidatos podrían ser elegidos y, una vez que presten juramento de “apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos”, lo ignorarán de inmediato.
Esta situación plantea una seria reflexión para los votantes de Santa María, Orcutt, Guadalupe, Nipomo y Los Alamos al momento de decidir a quién otorgar su confianza en las próximas elecciones.
