Los supervisores del Condado de Santa Bárbara han sido objeto de análisis tras la aprobación de una ordenanza el pasado 15 de septiembre, que prohíbe la nueva perforación de petróleo y gas en tierra firme dentro del condado. Esta medida, según señalan algunos críticos, ha contribuido a encarecer los combustibles para los consumidores locales y a incrementar la dependencia de California del petróleo foráneo.
La política implementada por la junta de supervisores se argumenta que ha desplazado la producción local, llevando a California a importar más de 280 millones de barriles de petróleo anualmente. Esta dependencia se extiende a países que, a diferencia de California, carecen de las mismas estrictas medidas de control de la contaminación, siendo considerados como "grandes contaminantes".
Críticos de la medida apuntan que, lejos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la prohibición local podría estar contribuyendo a un aumento global. Argumentan que el transporte marítimo de millones de barriles de petróleo y gasolina refinada – esta última proveniente en gran parte de Asia, India, Corea del Sur y Taiwán, que representan dos tercios de las importaciones de gasolina de California – genera emisiones y "contaminación real del aire". La importación de gasolina refinada desde puntos tan lejanos como la mitad del mundo, se señala, es una consecuencia directa de estas decisiones políticas estatales.
Además, se subraya que, aunque el dióxido de carbono (CO2) es fundamental para la vida en el planeta, lo que emana de las chimeneas de los buques petroleros que llegan a California sí constituye "contaminación real del aire", lo que sugiere un impacto negativo en la calidad del aire local, contrariando los objetivos declarados de la ordenanza.
Un aspecto clave que se argumenta ha sido omitido en la discusión sobre la prohibición de la producción de petróleo y gas, es que casi la mitad de cada barril de petróleo no se destina a la producción de combustible. Este volumen se utiliza para fabricar productos esenciales como asfalto, neumáticos, plásticos y miles de otros artículos, incluyendo el gas natural empleado para calentar hogares y cocinar alimentos. Se enfatiza que, incluso si se lograra una transición completa hacia fuentes de energía renovable, la sociedad seguiría necesitando derivados y subproductos del petróleo y el gas para mantener estos productos valiosos e indispensables.
La actuación de los supervisores también ha sido cuestionada en relación con otros temas sensibles para la comunidad, como los incendios forestales. Durante la audiencia del 15 de septiembre, la Supervisora Joan Hartmann atribuyó cada incendio en la región, así como el fatal deslizamiento de lodo en Montecito, al cambio climático y, consecuentemente, a la industria petrolera. Otro supervisor, sin embargo, señaló que muchos de los incendios en la región fueron provocados por eventos relacionados con tormentas que afectaron las líneas eléctricas. A pesar de esta puntualización, la Supervisora Hartmann continuó con su argumento, y posteriormente, la Supervisora Laura Capps prosiguió con una línea argumental similar.
Se ha calificado de "hipocresía" el hecho de que los supervisores del condado estén demandando a una compañía de servicios públicos por daños asociados con el incendio que precedió al deslizamiento de Montecito, mientras públicamente culpan a la industria petrolera. Adicionalmente, se critica la falta de acción de los supervisores para ayudar a las compañías de servicios públicos a realizar labores de limpieza alrededor de sus líneas eléctricas, una práctica común en otros estados que podría mitigar muchos de los peligros de incendio.
Al mismo tiempo, estos mismos supervisores han presentado continuamente objeciones legales en los tribunales sobre las operaciones continuas de los ductos relacionados con Sable, alegando que el ducto es inseguro, mientras realizan "todos los esfuerzos para bloquear las reparaciones, mejoras y reemplazos" del mismo. Estas acciones han sido descritas por algunos como una "intransigencia diabólica" en lugar de un servicio público, resaltando las complejidades y el debate que rodea las políticas energéticas y medioambientales en el Condado de Santa Bárbara.
